Resultados de la evaluación

La estrategia impulsó un giro paradigmático que desplazó el modelo asistencialista de guardería hacia un modelo de desarrollo integral intencionado. La itinerancia docente rural fue uno de los aciertos más eficaces para la equidad en la “Colombia profunda”, y la Alianza Familia–Escuela consolidó la confianza en la escuela pública. Persisten, sin embargo, la desarticulación con el sector salud —por la lentitud para expedir certificados de discapacidad— y la vulnerabilidad financiera de los componentes rurales.

• 1

  Articular la atención integral con salud e ICBF mediante una ventanilla única y brigadas territoriales que valoren y certifiquen el desarrollo en la propia escuela.

• 2

  Integrar los sistemas de información (MEN–ICBF–DNP) en un sistema unificado de matrícula que permita el tránsito automático del Ciclo I al Ciclo II.

• 3

  Institucionalizar de manera permanente el perfil del docente itinerante dentro de la planta.

• 4

  Fortalecer el rol educativo de la familia con el liderazgo de los rectores en la convocatoria comunitaria.

La política resignificó el tiempo escolar y orientó la escuela hacia el desarrollo integral, con una cobertura sin precedentes: más de 5.000 establecimientos (64,1 % de los oficiales) y presencia en 96 de las 97 ETC. La evaluación de impacto confirmó que las brechas de aprobación, reprobación y deserción se cierran de forma más sostenida donde opera la Formación Integral. El principal desafío es la sostenibilidad: continuidad del acompañamiento, docentes especializados de planta e infraestructura.

• 1

  Fortalecer la articulación MEN–secretarías–establecimientos para una implementación coherente, equitativa y contextualizada.

• 2

  Consolidar la Formación Integral en el currículo mediante enfoques interdisciplinares y por proyectos, en el marco del CONPES 4188 de 2026.

• 3

  Robustecer el monitoreo y la evaluación para reducir brechas territoriales y orientar decisiones.

• 4

  Garantizar la continuidad del acompañamiento de los tutores PTA/FI y focalizar acciones contra la reprobación y la deserción.

SIMES contribuyó a la garantía progresiva del derecho a la educación en territorios rurales y dispersos, interviniendo donde la trayectoria escolar solía interrumpirse en quinto o noveno grado. Muestra avances diferenciados: logros en disponibilidad (ampliación de la oferta y apertura de grados) y en accesibilidad, aunque la garantía del derecho no se agota en la existencia formal de cupos. Su consolidación exige estabilizar las condiciones habilitantes y fortalecer la gobernanza interinstitucional.

• 1

  Asegurar que la apertura de cupos y grados vaya acompañada de planta docente oportuna, infraestructura, conectividad y transporte.

• 2

  Consolidar el ajuste curricular como componente estructural, con acompañamiento técnico y flexibilización normativa para contextos rurales y étnicos.

• 3

  Fortalecer la gobernanza interinstitucional con acuerdos operativos verificables e institucionalizar la orientación socioocupacional temprana.

La Estrategia Poder Pedagógico Popular es una política pertinente para el desarrollo profesional docente, con transformaciones verificables en las prácticas de enseñanza, la reflexión sobre la propia práctica y la identidad profesional. Persisten tensiones administrativas y de gestión, y brechas entre la disponibilidad de la oferta y el acceso efectivo, especialmente en zonas rurales. El principal reto no es el diseño, sino garantizar continuidad, financiación y articulación institucional.

• 1

  Garantizar la continuidad y sostenibilidad con respaldo normativo, financiero e institucional de largo plazo.

• 2

  Ajustar la oferta formativa a diagnósticos territoriales actualizados y fortalecer el seguimiento por ETC y enfoque diferencial.

• 3

  Consolidar el bienestar docente como componente estratégico y fortalecer el papel de las Escuelas Normales Superiores.

• 4

  Simplificar los procesos administrativos y consolidar redes de gestión del conocimiento pedagógico.

La estrategia acertó en su diagnóstico y es percibida como pertinente por los actores territoriales; ha comenzado a transformar la relación nación–territorio hacia un diálogo más horizontal y a sembrar capacidades reales. Sin embargo, persiste una brecha estructural entre planeación y ejecución en las secretarías de educación, y el acompañamiento cumple hoy más una función de sostenimiento cotidiano que de transferencia progresiva de autonomía. Las capacidades territoriales son colectivas e institucionales y deben sostenerse más allá de las personas.

• 1

  Consolidar y dar sostenibilidad a la línea base territorial diferenciada por ETC.

• 2

  Ampliar las rutas de acompañamiento diferenciado y fortalecer la capacidad operativa de los equipos técnicos frente a la rotación.

• 3

  Fortalecer el ciclo de información territorial (línea base, hojas de ruta, alertas) para una gestión basada en evidencia.

• 4

  Dar continuidad al modelo de Asistencia Técnica Integral y convertir la evaluación en decisiones y aprendizaje institucional.